Diálogo para unir esfuerzos en contra de la delincuencia juvenil

Recientemente, se reformó la Ley de Menores de Puerto Rico (Ley 88-1986). Bajo esta coyuntura, 18 representantes del sector gubernamental y del tercer sector iniciamos una conversación sobre los procesos que se llevan a cabo para atender el problema de delincuencia juvenil en Puerto Rico. Se espera que sea la primera de varias reuniones que sostengamos entre los componentes del Sistema de Bienestar Social y del Sistema de Justicia Juvenil para desarrollar un plan de trabajo en conjunto que ofrezca respuestas a esta situación.

Según datos presentados en el encuentro, sobre el perfil del menor en el sistema de corrección, un 53% sufre algún trastorno del neurodesarrollo, 42% ha sido víctima de algún tipo de maltrato y 44% ha dado muestras de problemas emocionales.

Identificamos algunos de los desafíos que afectan el manejo de casos de jóvenes que interactúan con el sistema de justicia juvenil. Entre estos: la ausencia de datos integrados acerca del perfil de menores, brechas en la disponibilidad de servicios, limitaciones en los servicios psicológicos y falta de continuidad en servicios luego que sale de la institución juvenil.

También, se han identificado áreas de oportunidad con las que podemos empezar a trabajar para procurar servicios integrales más efectivos. Por ejemplo, Puerto Rico cuenta con un marco legal que cobija los derechos de la niñez temprana, y acuerdos de colaboración entre agencias para promover el bienestar infanto-juvenil. Se ha planteado también que, en la actualidad, hay mayor disponibilidad de fondos gubernamentales federales para apoyar los servicios de prevención y rehabilitación. Esto es un punto de partida para explorar maneras de aprovechar programas ya existentes que amplíen los servicios de prevención.

Sobre la mesa está la propuesta de diseñar un programa Piloto de Terapia Familiar Funcional, que provea servicios a jóvenes en riesgo de entrar en conflicto con la ley. Este programa podría ofrecer consejería sobre abuso de sustancias, resolución de conflictos y manejo de ira, entre otros. Asimismo, se deben impulsar mejoras en los programas educativos existentes en instituciones juveniles y desarrollar un plan continuo de servicios para capacitar a los jóvenes para la vida independiente.

La intervención temprana con menores en situaciones de maltrato, con posibles diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo o problemas emocionales, debe ser esencial para prevenir una posterior conducta de riesgo que les lleve a ingresar a una institución juvenil. Deben integrarse estos esfuerzos con la política pública y proyectos de educación, prevención y desarrollo socioeconómico que busquen atender los efectos de la desigualdad y falta de acceso a recursos. La unión de voluntades, discusión de ideas y diversidad de voces es un buen paso para encaminar un proyecto coherente, planificado y consistente. Recordemos que el futuro está en las manos de nuestros jóvenes. Son vidas que merecen una oportunidad diferente.