Entidades reciben subvención federal de $6 millones para atender la pobreza infantil e inequidad en la salud

¿Se podría evitar que una persona tenga problemas de salud física o mental si, en la niñez, no está expuesta a la violencia o no experimenta carencias nutricionales? ¿Qué impacto tiene recibir una educación de calidad, desde la niñez temprana, en prevenir diagnósticos de salud mental a largo plazo? ¿Es posible precaver que un adolescente sea ingresado en una institución juvenil si, cuando niño, se hiciera una intervención temprana para detectar conductas antisociales?

Interrogantes como esas son las que guían una investigación encabezada por Grupo Nexos, que recibió recientemente una subvención de $6 millones –para los primeros cinco años, otorgados a través de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, en inglés)–, enfocada en las disparidades en el acceso a servicios de salud y la pobreza infantil.

Será un estudio a 10 años, que se enfocará en provocar “cambios estructurales” en el país, explicó una de las investigadoras principales de la iniciativa y presidenta ejecutiva de Grupo Nexos, la doctora Marizaida Sánchez Cesáreo.

“Lo que sabemos, a nivel científico, es que, cuando los seres humanos no tienen acceso a cosas que propician el desarrollo óptimo en la niñez, eso redunda, a nivel individual, en enfermedades físicas, de salud mental; y a nivel comunitario, eso redunda en un ciudadano que no es productivo y, por tanto, afecta la funcionalidad de nuestro país”, señaló Sánchez Cesáreo.

Mediante el Puerto Rico Collaborative Advancement of Research, Innovations, Best Practices and Equity for Children, Youth and Families (PR-CARIBE), nombre formal de la iniciativa, se impactará y estudiará a la niñez, de 0 a 21 años, sus familias y cuidadores, de 21 municipios que se encuentran en la región suroeste de la isla, en una línea imaginaria entre Ponce y Mayagüez, indicó la investigadora.

“El Instituto del Desarrollo de la Juventud ha hecho varios estudios en los últimos años en Puerto Rico y sabemos que, aproximadamente, el 57% de los niños en Puerto Rico son pobres, pero hay áreas aún más afectadas. En el suroeste de Puerto Rico, hay municipios donde hasta el 80% de los niños viven bajo niveles de pobreza y hay unos desiertos de servicios profundos. Así que, si bien es cierto que todo Puerto Rico es pobre, el suroeste está más afectado por terremotos, COVID-19, profunda pobreza, falta de servicios, y el enfoque va a ser abrazar a esos niños y sus familias y sus cuidadores”, expresó.

El enfoque en “cambio estructural” implica que se evaluarán las mejores prácticas de servicios directos a familias que ofrecen diversas entidades, se tomará en cuenta la política pública para atender a esta población y se promoverá que se repliquen para crear un impacto positivo y duradero, resumió Sánchez Cesáreo.

En noviembre, se realizará la primera reunión del esfuerzo con más de una docena de organizaciones sin fines de lucro que serán parte del consejo asesor de la iniciativa, adelantó. “En Puerto Rico, hay muchos pequeños proyectos haciendo cosas maravillosas, pero a pequeña escala. Lo que queremos es ver cómo llevamos eso a gran escala y lo sostenemos a través del tiempo, que es nuestro reto principal”, manifestó.

Ese cambio sostenido, destacó, se hará mediante un “impacto colectivo”, que involucra a investigadores, academia, organizaciones comunitarias, fundaciones filantrópicas y agencias de gobierno. El estudio cuenta con investigadores de dos universidades –el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Estatal de Kennesaw, en Georgia– y con el Instituto de Desarrollo de la Juventud como consultor.

“Va a haber un grupo multisectorial que va a estar mirando, de forma crítica, esos datos, la necesidad y se va a determinar por dónde se va a empezar en cada municipio”, apuntó. “Veintiún municipios es un área geográfica bien amplia, y el Censo dice que viven 200 mil y pico de niños y sus familias. Vamos a mirar, en términos de necesidad de servicios, por dónde vamos a empezar”, añadió.

Como ejemplo, Sánchez Cesáreo compartió que ya hay proyectos, en esa región, de destrezas de crianza en los que participan varias entidades –entre ellas, Escape, Urban Strategies, Centros Sor Isolina, el Departamento de Salud y el Programa Afana– y que combinan fondos de varias fuentes, pero estas iniciativas no impactan los 21 municipios.

“Parte de lo que nos dice el gobierno federal es que Puerto Rico está en el umbral de un potencial cambio a largo plazo sostenible, porque el marco jurídico que protege a los niños y a los jóvenes ha sufrido un cambio favorable en los últimos tres años. Si nosotros podemos trabajar en colaboración, todos los entes implicados en esto, prospectivamente, de forma sostenida, por los próximos 10 años, quizás logramos que ese marco jurídico, lo que presenta, sea permanente para la niñez”, manifestó.

Algunos de esos cambios positivos en la legislación local, dijo, son la nueva Ley 57 para la prevención del maltrato, preservación de la unidad familiar y para la seguridad, bienestar y protección de menores; las enmiendas aprobadas el año pasado a la Ley 88 de Menores y las reglas de procedimientos para asuntos de menores; y la Ley 84 de 2021, que creó la Comisión para Combatir la Pobreza Infantil, entre otros.

“Con solo ofrecer servicios, yo no logro cambiar de forma permanente, digamos, la topografía social de esos municipios. Si yo la quiero cambiar permanentemente, solo con dar servicios no va a pasar. Yo tengo que trabajar a nivel de servicios, a nivel de esos entes importantes, qué tipo de prácticas tienen (…) y, más arriba, qué política pública yo voy a tener que atienda eso, que me redunde en fondos que me alimenten todo lo que tengo que hacer. Es una solución que tiene que ser multidimensional”, puntualizó.

Fuente: El Nuevo Día.