Un llamado urgente por la niñez y juventud en Puerto Rico

En Puerto Rico, cinco de cada diez menores enfrentan una realidad económica adversa que impacta negativamente su desarrollo y bienestar. Esta realidad require impulsar políticas públicas efectivas para garantizar el bienestar de niños y jóvenes y, con ello, el futuro de nuestro país. Esas políticas deben estar respaldadas por evidencia científica que valide su efectividad. 

Por ejemplo, una investigación realizada por expertos de las universidades de Harvard y Washington explica cómo la pobreza, junto con las políticas públicas diseñadas para combatirla, tienen un efecto directo en el desarrollo del cerebro y la salud mental de la población infanto-juvenil.  Se evidenció cómo las áreas del cerebro responsables de la memoria y el manejo del estrés muestran un menor desarrollo en niños y niñas que crecen en hogares de bajos ingresos. Esto puede ser el resultado de circunstancias que inciden en inseguridad alimentaria e inestabilidad en el hogar. 

La investigación también apunta a que los estados que implementaron políticas más favorables respecto al Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y Medicaid lograron reducir en un 34% las diferencias en el desarrollo cerebral entre niños de bajos ingresos y aquellos con mayores ingresos. En el ámbito de la salud mental, también se destaca que los menores que viven en pobreza tienen mayores probabilidades de desarrollar ansiedad o depresión en comparación con aquellos en mejores condiciones socioeconómicas. Esto se atribuye a la falta de acceso a recursos básicos y al alto costo de vida.  Sin embargo, en los estados donde existen políticas públicas más inclusivas, los síntomas de ansiedad y depresión entre menores de diferentes niveles de ingresos se redujeron en un 48%. 

Estos hallazgos resaltan cómo las políticas de asistencia económica y médica pueden transformar significativamente la salud física y mental de las personas más vulnerables.  En Puerto Rico, la alarmante realidad de tener más de la mitad de la población infanto-juvenil viviendo en condiciones de pobreza, debe abordarse mediante políticas públicas basadas en evidencia científica. La evidencia disponible señala que invertir en programas dirigidos a la niñez y la juventud no solo mejora su calidad de vida, sino que también representa un ahorro significativo para el gobierno a largo plazo. Estas inversiones incluyen iniciativas como el acceso a tratamientos de salud mental y la reducción de barreras educativas, particularmente durante la adolescencia y la adultez.

Con esto, se busca prevenir un “efecto dominó” que puede llevar a otros problemas sociales, educativos y profesionales en el futuro, y se fomenta un desarrollo integral que beneficia tanto a los menores como a la sociedad en general. En el contexto de un país con desafíos fiscales y ante un nuevo panorama gubernamental, es crucial priorizar políticas públicas respaldadas por la ciencia, como el fortalecimiento del Crédito por Trabajo y la ampliación del Programa de Salud Infantil (CHIP), para viabilizar un futuro prometedor para nuestra juventud. De esta forma, ayudaremos a construir un Puerto Rico más justo, equitativo y con mayores oportunidades.

Columna de opinión publicada originalmente por El Nuevo Día.