Atender la crisis de sobredosis desde un enfoque de salud pública
Las 12 muertes por sospecha de sobredosis en Arecibo representan una crisis que exige una respuesta inmediata y firme, centrada en los derechos humanos y la dignidad de las personas afectadas por el consumo problemático de sustancias. Abordar este problema desde un enfoque punitivo no solo ha sido insuficiente, sino también injusto para las comunidades y personas más vulnerables. La criminalización de quienes usan sustancias perpetúa un ciclo de estigmatización y exclusión, lo que dificulta su acceso a servicios esenciales.
Es urgente adoptar una perspectiva de salud pública que priorice la reducción de daños y la despenalización, reconociendo el derecho a la salud y al buen vivir. La reducción de daños es una estrategia efectiva que no solo previene muertes, sino que también respeta el derecho de las personas a recibir apoyo sin ser estigmatizadas. Implementar la distribución de naloxona (antídoto para revertir sobredosis), la creación de espacios de consumo supervisado y garantizar el acceso a tratamiento del consumo problemático de sustancias, son acciones informadas por la evidencia y alineadas con los principios de los derechos humanos. No se trata de castigar ni criminalizar, sino de asegurar que los servicios de salud lleguen a las personas donde más los necesitan, ya sea en las calles o en sus comunidades.
Además, es fundamental promover la participación de las comunidades y las personas directamente afectadas en la búsqueda de soluciones. Un enfoque multisectorial que incluya a los sectores de salud, al gobierno y a organizaciones de la sociedad civil es esencial para construir un sistema de apoyo que sea inclusivo, solidario y eficaz. La crisis de sobredosis es una emergencia de salud pública y una cuestión de derechos humanos que exige una respuesta inmediata basada en la solidaridad, la compasión y la acción coordinada. La prevención de muertes por sobredosis es posible si actuamos desde la defensa de los derechos humanos, la dignidad humana y la justicia social, asegurando que las respuestas estén alineadas con la salud pública.
Publicado originalmente en la sección de Opinión de El Nuevo Día.
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