Justicia restaurativa para atender la delincuencia juvenil
Cuando un niño o joven se involucra con el sistema de justicia juvenil se enfrenta a una serie de experiencias adversas que pudieran desencadenar en sintomatología de trauma, estigmas y otras respuestas emocionales. En contraposición a esto, surge como alternativa la justicia restaurativa. En estos casos, la justicia restaurativa se enmarca en la protección de los derechos del niño y la referencia principal utilizada es el tratado de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989.
Este marco de referencia establece que los niños tienen el derecho de tener una protección especial por su condición de vulnerabilidad y dependencia de las personas adultas, por su crecimiento y desarrollo. En ese contexto, los procesos de justicia restaurativa crean espacios seguros para atender las conductas negativas de los menores y los factores de riesgo que subyacen de las infracciones cometidas, promoviendo así mayor comprensión de las partes involucradas.
Recientemente, el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico (2021) preparó un informe sobre el “Perfil del Menor Transgresor” en el que se identifican algunos factores de riesgo y de protección, trastornos en el neurodesarrollo, condiciones de salud mental y de violencia intrafamiliar, entre otros elementos, que reflejan aspectos a considerar y atender entre los jóvenes que se encuentran ubicados en sus facilidades. Parte del proceso de reintegración de estos jóvenes a la comunidad conlleva brindarles, tanto a ellos como a sus familias, intervenciones que fomenten el desarrollo de relaciones y experiencias constructivas.
Si consideramos los fundamentos de protección de la justicia restaurativa, existen modelos de intervención basados en evidencia que demuestran una reducción en la reincidencia en conductas delictivas y en el fortalecimiento de destrezas, como, por ejemplo la Terapia de Reemplazo de Agresión (terapia cognitivo-conductual) y la Terapia Familiar Funcional, entre otras. Estas intervenciones contribuyen a atender los factores de riesgo que inciden en los niños y jóvenes transgresores, ofreciéndoles herramientas y capacitaciones que resulten en una modificación de conducta y en su bienestar. Cabe destacar que desde el 2011 Puerto Rico cuenta con la Ley 66, la cual prescribe la implementación de la Terapia Familiar Funcional en las instituciones juveniles del país. Además, las enmiendas recientes al marco legal de la “Ley de Menores de Puerto Rico” (Ley 88-1986), representan una gran oportunidad para implementar estrategias de justicia restaurativa en múltiples niveles de intervención.
En un esfuerzo de colaboración, los diferentes actores, agencias y organizaciones relacionadas al sistema de justicia juvenil pueden participar en acciones concretas que promuevan la justicia restaurativa para la niñez y juventudes del país. Este esfuerzo requiere de mejor coordinación entre las agencias de ley y orden, bienestar social, sistema de justicia y organizaciones del tercer sector, estableciendo un orden claro de prioridades para la integración de esfuerzos y servicios. A través de esta coordinación, se pueden identificar áreas de oportunidad considerando el factor del financiamiento, y los objetivos de incentivar servicios cónsonos a la demanda, así como promover intervenciones basadas en evidencia y el acercamiento informado en trauma.
Como sociedad, estamos convocamos a dar un paso hacia una reforma de justicia restaurativa para la niñez y juventud del país. Tenemos la oportunidad de cambiar el enfoque punitivo, para exponerlos a otras alternativas menos traumáticas y violentas como las que tenemos actualmente. Toda acción que tomemos como sociedad para promover su desarrollo integral en entornos seguros y saludables aportará a que nos acerquemos cada vez más a promover la justicia restaurativa. El llamado es a reforzar las alianzas y los esfuerzos de colaboración entre los diferentes entes involucrados en pro de la niñez y la juventud.
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Justicia juvenil: hay que mejorar los servicios para la niñez y juventud
La delincuencia juvenil en Puerto Rico es una situación que genera gran preocupación. Como sociedad estamos emplazados a identificar alternativas que armonicen los diferentes objetivos del sistema de bienestar social y del sistema de justicia juvenil. Desde diferentes espacios se han propuesto alternativas para atender la delincuencia juvenil priorizando la seguridad de la comunidad, pero enfocadas de manera limitada en reducir los factores de riesgo que inciden en las conductas delictivas de los jóvenes.
Sin lugar a dudas, en Puerto Rico hay jóvenes que enfrentan situaciones adversas en sus entornos y no cuentan con recursos de apoyo que los dirijan a discernir durante la toma de decisiones. A pesar de que se han establecido programas y servicios para el desarrollo integral de la niñez en el país, un estudio realizado por Sánchez-Cesáreo et al. (2017) sobre la prestación de servicios integrados a niños y jóvenes, encontró que existen limitaciones en la disponibilidad de servicios en áreas de atención, arte y cultura, recreación y deporte. El acceso a servicios como estos es medular para promover el desarrollo integral de la niñez y juventud, y las investigaciones recomiendan fortalecer los sistemas de información para recopilar e informar sobre los programas y servicios disponibles, así como estudiar si la oferta de servicios es cónsona con la demanda.
El año pasado, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) realizó una encuesta a diferentes unidades del gobierno de Puerto Rico. De las personas consultadas, el 42% considera que la delincuencia juvenil en los municipios ha empeorado durante los últimos tres años. Los participantes atribuyen esta situación a factores que oscilan desde problemas en el entorno familiar, un contexto económico que no brinda oportunidades para la movilidad social, problemas estructurales en el sistema de justicia juvenil y a la falta de enfoques en prevención para la niñez y juventud. Por tal razón, consideran necesario desarrollar programas integrales de prevención enfocadas en la prestación de servicios en áreas de recreación y actividades en el horario escolar extendido, en fortalecimiento familiar y en ausentismo escolar. Estas son áreas para fortalecer en los municipios porque existen brechas regionales en cuanto a la disponibilidad de estos servicios.
La falta de servicios sociales integrados se añade a otros de los factores de riesgo como la pobreza, el acceso a vivienda, la educación y la salud que, según un informe de las Naciones Unidas (2019), inciden en el entorno de un joven transgresor. En Puerto Rico, la tasa de pobreza infantil se estima en un 57.8%; es decir, que 6 de cada 10 niños y jóvenes en la isla viven en pobreza (Instituto del Desarrollo de la Juventud, 2017). Al tomar en cuenta estos factores, podemos inferir que la falta de oportunidades para el desarrollo integral de los niños y jóvenes influye en su conducta.
El entrelazamiento de fondos federales para tener continuidad de servicios accesibles, confiables y de alta calidad es una estrategia plausible en el contexto actual de Puerto Rico. Existen varias fuentes de fondos, como los que provee actualmente la Administración de Niños y Familias de Estados Unidos a través del Preschool Development Grant (PDGB5) que administra la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), el Family First Prevention Services Act (Families First Puerto Rico) que administra la Administración de Familias y Niños (ADFAN) y los fondos para Prevención de la Delincuencia Juvenil otorgados por la Oficina para la Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia de Estados Unidos que administra la ODSEC. Estos fondos deben dirigirse a atender las necesidades de servicios, fortalecerlos y ampliarlos, con el propósito de aportar de manera preventiva y constructiva a las diferentes etapas del desarrollo humano de nuestros niños y jóvenes, y atacar así una de las raíces del problema de delincuencia juvenil.
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