Justicia juvenil: hay que mejorar los servicios para la niñez y juventud
La delincuencia juvenil en Puerto Rico es una situación que genera gran preocupación. Como sociedad estamos emplazados a identificar alternativas que armonicen los diferentes objetivos del sistema de bienestar social y del sistema de justicia juvenil. Desde diferentes espacios se han propuesto alternativas para atender la delincuencia juvenil priorizando la seguridad de la comunidad, pero enfocadas de manera limitada en reducir los factores de riesgo que inciden en las conductas delictivas de los jóvenes.
Sin lugar a dudas, en Puerto Rico hay jóvenes que enfrentan situaciones adversas en sus entornos y no cuentan con recursos de apoyo que los dirijan a discernir durante la toma de decisiones. A pesar de que se han establecido programas y servicios para el desarrollo integral de la niñez en el país, un estudio realizado por Sánchez-Cesáreo et al. (2017) sobre la prestación de servicios integrados a niños y jóvenes, encontró que existen limitaciones en la disponibilidad de servicios en áreas de atención, arte y cultura, recreación y deporte. El acceso a servicios como estos es medular para promover el desarrollo integral de la niñez y juventud, y las investigaciones recomiendan fortalecer los sistemas de información para recopilar e informar sobre los programas y servicios disponibles, así como estudiar si la oferta de servicios es cónsona con la demanda.
El año pasado, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) realizó una encuesta a diferentes unidades del gobierno de Puerto Rico. De las personas consultadas, el 42% considera que la delincuencia juvenil en los municipios ha empeorado durante los últimos tres años. Los participantes atribuyen esta situación a factores que oscilan desde problemas en el entorno familiar, un contexto económico que no brinda oportunidades para la movilidad social, problemas estructurales en el sistema de justicia juvenil y a la falta de enfoques en prevención para la niñez y juventud. Por tal razón, consideran necesario desarrollar programas integrales de prevención enfocadas en la prestación de servicios en áreas de recreación y actividades en el horario escolar extendido, en fortalecimiento familiar y en ausentismo escolar. Estas son áreas para fortalecer en los municipios porque existen brechas regionales en cuanto a la disponibilidad de estos servicios.
La falta de servicios sociales integrados se añade a otros de los factores de riesgo como la pobreza, el acceso a vivienda, la educación y la salud que, según un informe de las Naciones Unidas (2019), inciden en el entorno de un joven transgresor. En Puerto Rico, la tasa de pobreza infantil se estima en un 57.8%; es decir, que 6 de cada 10 niños y jóvenes en la isla viven en pobreza (Instituto del Desarrollo de la Juventud, 2017). Al tomar en cuenta estos factores, podemos inferir que la falta de oportunidades para el desarrollo integral de los niños y jóvenes influye en su conducta.
El entrelazamiento de fondos federales para tener continuidad de servicios accesibles, confiables y de alta calidad es una estrategia plausible en el contexto actual de Puerto Rico. Existen varias fuentes de fondos, como los que provee actualmente la Administración de Niños y Familias de Estados Unidos a través del Preschool Development Grant (PDGB5) que administra la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), el Family First Prevention Services Act (Families First Puerto Rico) que administra la Administración de Familias y Niños (ADFAN) y los fondos para Prevención de la Delincuencia Juvenil otorgados por la Oficina para la Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia de Estados Unidos que administra la ODSEC. Estos fondos deben dirigirse a atender las necesidades de servicios, fortalecerlos y ampliarlos, con el propósito de aportar de manera preventiva y constructiva a las diferentes etapas del desarrollo humano de nuestros niños y jóvenes, y atacar así una de las raíces del problema de delincuencia juvenil.
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