Terapia familiar funcional para jóvenes en conflicto con la ley
Vivimos un momento histórico para nuestra niñez y juventud, en el que las políticas públicas se encaminan a identificar alternativas que promueven el bienestar y desarrollo integral de los menores. Como parte fundamental de ese proceso, durante el verano de 2022, se reformó la Ley de Menores de Puerto Rico (Ley 88-1986), que estableció los 13 años como edad mínima para casos de menores, y se añadieron procesos de mediación para la resolución de conflictos, promoviendo alternativas menos punitivas. Para hacer efectivas estas disposiciones se requiere la colaboración entre agencias gubernamentales y organizaciones del tercer sector, para poder activar recursos e impulsar iniciativas dirigidas a los jóvenes que interactúan con el sistema de justicia. En esta coyuntura es necesario proveer alternativas en áreas de prevención y servicios.
La ciencia ya ha documentado que las experiencias adversas en la niñez pueden aumentar el riesgo de incurrir en conductas transgresoras en la vida adulta (Abrams, 2022). En Puerto Rico, el 57% de los menores vive bajo el nivel de pobreza y, según el Instituto de la Juventud (2019) el costo del crimen atribuido a la pobreza infantil puede estar cerca de los $1,072 millones. Datos de la Policía de Puerto Rico apuntan a que la edad promedio de los jóvenes que cometen una conducta delictiva reportada es 16 años (Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, 2021). En muchas instancias, los menores que comienzan a tener conflictos con la ley provienen de contextos y experiencias adversas.
De acuerdo a un informe del Departamento de Justicia de Puerto Rico (2015) sobre los factores de riesgo de los jóvenes que fueron hallados incursos en algún delito, 52.4% proviene de hogares con problemas económicos, 13.9% ha sido víctima de alguna experiencia de maltrato (físico, emocional o abuso sexual), 12.7% reportó deserción escolar entre sexto y noveno grado, y 48.3% presentó diagnósticos relacionados a disturbios emocionales. La mayoría de estos jóvenes fueron hallados culpables por delitos menos graves.
Por otro lado, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (2021) reportó que el 53% de los jóvenes que están ubicados en instituciones juveniles ha tenido algún trastorno en el neurodesarrollo, 29% han sido víctimas de trata humana previo al ingreso, 44% presentaron indicadores de tristeza o desesperanza; y 9% reportó haber tenido un intento de suicidio que no fue tratado en su momento. Todos estos datos sugieren que antes de interactuar con el sistema de justicia juvenil, esos jóvenes han enfrentado experiencias y factores de riesgo que sin duda ameritan atenderse con iniciativas de prevención. Pero también se necesitan servicios que apoyen la rehabilitación y reincorporación a la comunidad de los jóvenes que ya han estado en conflicto con la ley.
La Terapia Familiar Funcional (FFT) está precisamente enfocada en estas áreas. Ofrece un tipo de intervención intensiva, de corto plazo, basada en evidencia, que ha demostrado ser efectiva en reducir las conductas delictivas en niños y jóvenes. Este modelo es centrado en la familia y enfocado en sus fortalezas. Busca trabajar con los miembros de la familia procesos de comunicación, cambio de comportamiento, estrategias de negociación y maneras de mantener los cambios positivos en la conducta. Cabe destacar que la Administración de Familias y Niños (ADFAN) proveerá esta intervención a los jóvenes de Ley 88-1986, que estén bajo su custodia, como parte del Plan de Prevención Título IV-E 2021-2024.
Es crucial que se den los pasos necesarios para ampliar este tipo de intervención a otros jóvenes que también interactúan con el sistema de justicia juvenil. En Puerto Rico ya contamos con la Ley 66-2011, que dispone la creación de un Programa Piloto sobre Terapia Familiar Funcional con jóvenes que se encuentran bajo la custodia de Instituciones Juveniles. Actualmente, como parte de las reuniones del sistema de justicia juvenil, que iniciaron en octubre 2022, se está diseñando la implementación de este piloto. Es un paso de avance significativo, porque trae un enfoque en la manera en que atendemos a nuestros. La Terapia Familiar Funcional puede ayudar a abordar situaciones relacionadas al funcionamiento familiar, mejorar relaciones interpersonales, desarrollar habilidades para resolver conflictos, y aprender a manejar el estrés y la ira, entre otros.
Hay trabajo por delante y estamos encaminados a activar, facilitar y promover servicios continuos que redunden en un mejor bienestar de jóvenes involucrados con el sistema de justicia juvenil y sus familias.
Learn More
Apoyo a los primeros respondedores
Las mejores prácticas en el manejo de emergencia prescriben que los primeros respondedores, tanto del sector público como del privado, se activen lo más pronto posible para brindar asistencia, orientación e intervención a las comunidades luego de un desastre natural.
Ese proceso de activación y de respuesta rápida viabiliza el acceso a servicios primarios y preventivos. Además, salvaguarda la seguridad e integridad de las comunidades impactadas. Reconocemos que los eventos de crisis ocurridos recientemente en Puerto Rico pueden generar efectos psicológicos, así como estrés y trauma, entre otros síntomas, en los niños, jóvenes y adultos. Pero, ¿qué ocurre con los primeros respondedores que atienden de manera constante estos eventos de emergencia?
Cuando el personal de apoyo se expone constantemente al sufrimiento de otras personas se puede generar desgaste emocional y/o trauma vicario. Algunos de los indicadores relacionados a los efectos de la exposición repetitiva incluyen síntomas de agotamiento físico y psicológico, desorden de estrés postraumático, trauma vicario y síndrome de quemazón laboral. Aunque las consecuencias no necesariamente se manifiestan de inmediato, las experiencias traumáticas constantes pueden incidir en el bienestar del personal de apoyo y afectar su rendimiento en el trabajo, en su vida social y familiar.
Este fenómeno se puede atender mediante un acompañamiento terapéutico, en el que se brinden espacios seguros para compartir experiencias, gestionar emociones, visibilizar retos, necesidades y fortalezas en beneficio del bienestar emocional y mental. Resulta imperativo que el personal de apoyo y respuesta en momentos de emergencia reciba la asistencia psicológica necesaria con el objetivo de aliviar la tensión acumulada y prevenir el trauma vicario, así como el estrés post traumático (Esteban et al, 2013).
Este acompañamiento terapéutico se puede desarrollar a corto y a largo plazo. A corto plazo, se puede trabajar con una intervención sobre resiliencia e identificación de necesidades de servicios psicológicos en el personal de agencias y organizaciones que ofrecen apoyo y servicio directo a nivel comunitario. A largo plazo, se recomienda implementar un programa para el manejo de bienestar y trauma basado en la atención plena, donde se utilizan estrategias basadas en evidencia en los tres niveles de prevención con el personal de servicio directo. En este tipo de programa se hace cernimiento de ansiedad y depresión a todo el personal, además de evaluar la salud organizacional de la empresa. De acuerdo con la necesidad del participante, se brindan servicios enfocados en el desarrollo de destrezas de atención plena.
En los últimos cinco años, nuestro país ha enfrentado diversidad de desafíos sociales, económicos y ambientales. La labor que realizan los primeros respondedores del sector público y privado en momentos de emergencia es ese motor que viabiliza la identificación de espacios seguros y de recursos accesibles en nuestras comunidades.
Por tanto, existe la necesidad de brindar intervenciones que les provean herramientas de afrontamiento y autocuidado. Este tipo de programa debería ampliarse a otros escenarios laborales como un servicio disponible, accesible y continuo para el recurso humano del sector público y privado.
Learn More
Justicia restaurativa para atender la delincuencia juvenil
Cuando un niño o joven se involucra con el sistema de justicia juvenil se enfrenta a una serie de experiencias adversas que pudieran desencadenar en sintomatología de trauma, estigmas y otras respuestas emocionales. En contraposición a esto, surge como alternativa la justicia restaurativa. En estos casos, la justicia restaurativa se enmarca en la protección de los derechos del niño y la referencia principal utilizada es el tratado de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989.
Este marco de referencia establece que los niños tienen el derecho de tener una protección especial por su condición de vulnerabilidad y dependencia de las personas adultas, por su crecimiento y desarrollo. En ese contexto, los procesos de justicia restaurativa crean espacios seguros para atender las conductas negativas de los menores y los factores de riesgo que subyacen de las infracciones cometidas, promoviendo así mayor comprensión de las partes involucradas.
Recientemente, el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico (2021) preparó un informe sobre el “Perfil del Menor Transgresor” en el que se identifican algunos factores de riesgo y de protección, trastornos en el neurodesarrollo, condiciones de salud mental y de violencia intrafamiliar, entre otros elementos, que reflejan aspectos a considerar y atender entre los jóvenes que se encuentran ubicados en sus facilidades. Parte del proceso de reintegración de estos jóvenes a la comunidad conlleva brindarles, tanto a ellos como a sus familias, intervenciones que fomenten el desarrollo de relaciones y experiencias constructivas.
Si consideramos los fundamentos de protección de la justicia restaurativa, existen modelos de intervención basados en evidencia que demuestran una reducción en la reincidencia en conductas delictivas y en el fortalecimiento de destrezas, como, por ejemplo la Terapia de Reemplazo de Agresión (terapia cognitivo-conductual) y la Terapia Familiar Funcional, entre otras. Estas intervenciones contribuyen a atender los factores de riesgo que inciden en los niños y jóvenes transgresores, ofreciéndoles herramientas y capacitaciones que resulten en una modificación de conducta y en su bienestar. Cabe destacar que desde el 2011 Puerto Rico cuenta con la Ley 66, la cual prescribe la implementación de la Terapia Familiar Funcional en las instituciones juveniles del país. Además, las enmiendas recientes al marco legal de la “Ley de Menores de Puerto Rico” (Ley 88-1986), representan una gran oportunidad para implementar estrategias de justicia restaurativa en múltiples niveles de intervención.
En un esfuerzo de colaboración, los diferentes actores, agencias y organizaciones relacionadas al sistema de justicia juvenil pueden participar en acciones concretas que promuevan la justicia restaurativa para la niñez y juventudes del país. Este esfuerzo requiere de mejor coordinación entre las agencias de ley y orden, bienestar social, sistema de justicia y organizaciones del tercer sector, estableciendo un orden claro de prioridades para la integración de esfuerzos y servicios. A través de esta coordinación, se pueden identificar áreas de oportunidad considerando el factor del financiamiento, y los objetivos de incentivar servicios cónsonos a la demanda, así como promover intervenciones basadas en evidencia y el acercamiento informado en trauma.
Como sociedad, estamos convocamos a dar un paso hacia una reforma de justicia restaurativa para la niñez y juventud del país. Tenemos la oportunidad de cambiar el enfoque punitivo, para exponerlos a otras alternativas menos traumáticas y violentas como las que tenemos actualmente. Toda acción que tomemos como sociedad para promover su desarrollo integral en entornos seguros y saludables aportará a que nos acerquemos cada vez más a promover la justicia restaurativa. El llamado es a reforzar las alianzas y los esfuerzos de colaboración entre los diferentes entes involucrados en pro de la niñez y la juventud.
Learn More
Justicia juvenil: hay que mejorar los servicios para la niñez y juventud
La delincuencia juvenil en Puerto Rico es una situación que genera gran preocupación. Como sociedad estamos emplazados a identificar alternativas que armonicen los diferentes objetivos del sistema de bienestar social y del sistema de justicia juvenil. Desde diferentes espacios se han propuesto alternativas para atender la delincuencia juvenil priorizando la seguridad de la comunidad, pero enfocadas de manera limitada en reducir los factores de riesgo que inciden en las conductas delictivas de los jóvenes.
Sin lugar a dudas, en Puerto Rico hay jóvenes que enfrentan situaciones adversas en sus entornos y no cuentan con recursos de apoyo que los dirijan a discernir durante la toma de decisiones. A pesar de que se han establecido programas y servicios para el desarrollo integral de la niñez en el país, un estudio realizado por Sánchez-Cesáreo et al. (2017) sobre la prestación de servicios integrados a niños y jóvenes, encontró que existen limitaciones en la disponibilidad de servicios en áreas de atención, arte y cultura, recreación y deporte. El acceso a servicios como estos es medular para promover el desarrollo integral de la niñez y juventud, y las investigaciones recomiendan fortalecer los sistemas de información para recopilar e informar sobre los programas y servicios disponibles, así como estudiar si la oferta de servicios es cónsona con la demanda.
El año pasado, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) realizó una encuesta a diferentes unidades del gobierno de Puerto Rico. De las personas consultadas, el 42% considera que la delincuencia juvenil en los municipios ha empeorado durante los últimos tres años. Los participantes atribuyen esta situación a factores que oscilan desde problemas en el entorno familiar, un contexto económico que no brinda oportunidades para la movilidad social, problemas estructurales en el sistema de justicia juvenil y a la falta de enfoques en prevención para la niñez y juventud. Por tal razón, consideran necesario desarrollar programas integrales de prevención enfocadas en la prestación de servicios en áreas de recreación y actividades en el horario escolar extendido, en fortalecimiento familiar y en ausentismo escolar. Estas son áreas para fortalecer en los municipios porque existen brechas regionales en cuanto a la disponibilidad de estos servicios.
La falta de servicios sociales integrados se añade a otros de los factores de riesgo como la pobreza, el acceso a vivienda, la educación y la salud que, según un informe de las Naciones Unidas (2019), inciden en el entorno de un joven transgresor. En Puerto Rico, la tasa de pobreza infantil se estima en un 57.8%; es decir, que 6 de cada 10 niños y jóvenes en la isla viven en pobreza (Instituto del Desarrollo de la Juventud, 2017). Al tomar en cuenta estos factores, podemos inferir que la falta de oportunidades para el desarrollo integral de los niños y jóvenes influye en su conducta.
El entrelazamiento de fondos federales para tener continuidad de servicios accesibles, confiables y de alta calidad es una estrategia plausible en el contexto actual de Puerto Rico. Existen varias fuentes de fondos, como los que provee actualmente la Administración de Niños y Familias de Estados Unidos a través del Preschool Development Grant (PDGB5) que administra la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), el Family First Prevention Services Act (Families First Puerto Rico) que administra la Administración de Familias y Niños (ADFAN) y los fondos para Prevención de la Delincuencia Juvenil otorgados por la Oficina para la Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia de Estados Unidos que administra la ODSEC. Estos fondos deben dirigirse a atender las necesidades de servicios, fortalecerlos y ampliarlos, con el propósito de aportar de manera preventiva y constructiva a las diferentes etapas del desarrollo humano de nuestros niños y jóvenes, y atacar así una de las raíces del problema de delincuencia juvenil.
Learn More