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Pobreza infantil: ¿A qué aspiramos?

Para que las soluciones sean efectivas, se requiere un esfuerzo multisectorial, en el que se trabaje a distintos niveles y que se sostenga a través del tiempo, afirma Marizaida Sánchez-Cesáreo.

Entidades reciben subvención federal de $6 millones para atender la pobreza infantil e inequidad en la salud

Los fondos están destinados a subvencionar una investigación para promover que se establezcan cambios a largo plazo en cómo se atienden a menores, de 0 a 21 años, sus padres y cuidadores.

Innovadora iniciativa de investigación comunitaria recibe subvención de $6 millones para combatir las disparidades de salud provocadas por la pobreza en Puerto Rico

La iniciativa tendrá un enfoque de impacto colectivo como resultado de la colaboración entre organizaciones locales y socios nacionales.

Grupo Nexos inaugura su nueva sede

Con la participación de un nutrido grupo de colaboradores e invitados, Grupo Nexos celebró la gran inauguración de su nueva sede en San Juan, Puerto Rico. El encuentro se celebró el pasado 10 de agosto de 2023 en el espacio que alberga las oficinas administrativas y espacios compartidos de trabajo de la organización.

La doctora Marizaida Sánchez Cesáreo, presidenta ejecutiva de Grupo Nexos celebró la ocasión como un gran logro para el equipo de trabajo, que ya supera un centenar de personas, incluyendo empleados, contratistas y colaboradores. “Hace muchos años, cuando regresé a trabajar a Puerto Rico, escribí una propuesta de lo que visualizaba como una organización sin fines de lucro que se dedicara a trabajar por la salud y el bienestar de las comunidades, usando prácticas basadas en evidencia. Grupos Nexos es el resultado de esa visión.”

Las oficinas se encuentran localizadas en Centro Altamira, 501 calle Perseo, Suite A en San Juan.

Estudio promueve el uso de prácticas basadas en evidencia entre profesionales de la salud mental en Puerto Rico

Las prácticas basadas en evidencia son métodos de tratamiento o prevención que han sido exitosos en estudios clínicos o comunitarios. Maximizan la relación costo-eficacia y la posibilidad de éxito en el cuidado de la salud mental, pero la mitad de los profesionales de este campo en Puerto Rico no saben cómo implantarlas.

Un nuevo estudio publicado por Natalia Giraldo Santiago, investigadora posdoctoral en el Hospital General de Massachusetts, evaluó las necesidades y actitudes de los profesionales de la salud mental en la isla en cuanto al uso de las prácticas basadas en evidencia. Sus resultados sugirieron que la mayoría de los trabajadores sociales, psicólogos y consejeros encuestados favorecían su uso, pero que factores socioeconómicos y culturales pudieran ser barreras en su implantación.

Giraldo Santiago, quien se formó como trabajadora social en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, emprendió el estudio en respuesta al problema urgente de salud mental en el país. En Puerto Rico, el 19% de las personas padece de problemas de esta índole y el 24%, de uso y abuso de sustancias.

Las prácticas basadas en evidencia son “como una guía para ayudar a los proveedores a dar un cuidado igualitario, un cuidado de calidad a todas las personas afectadas”, destacó la investigadora.

“Si uno reconoce la responsabilidad ética que uno tiene, las competencias que debe mostrar, tiene el uso de prácticas basadas en evidencia bien presente y sale bien natural”, expresó, por su parte, Patricia Landers Santiago, presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico.

Según el estudio de Giraldo Santiago, el 75% de los profesionales de la salud mental percibió las prácticas basadas en evidencia como aptas para la población puertorriqueña, pero el 51% no sabía cómo accederlas y el 44% no había recibido educación en el año previo sobre su uso.

Encontró, también, que la población puertorriqueña encuestada era menos favorable al uso de prácticas basadas en evidencia en comparación con muestras estadounidenses e internacionales analizadas por otros investigadores.

Entonces, si estas prácticas son tan efectivas, ¿por qué no son generalizadas?

Parte tiene que ver con los requisitos de la Ley de Salud Mental de Puerto Rico (Ley 408-2000). Aunque el estatuto promueve el uso de prácticas eficaces y rigurosas, permite, en el caso de tratamientos de adicción por parte de organizaciones de base comunitaria, el uso de prácticas “históricas, tradicionales y ordinarias” que no necesariamente han sido probadas científicamente.

Lili Sardiñas, miembro del Evidence-Based Working Group manejado por el grupo Nexos, explicó que la transición de prácticas tradicionales a prácticas basadas en evidencia puede ser complicada. “Cuando se introdujeron las prácticas basadas en evidencia, había mucha resistencia porque uno está acostumbrado a hacer las cosas de su manera”, dijo, “pero esto es normal”.

Con el tiempo, Sardiñas notó un aumento en los proveedores de fondos que requerían el uso de estas prácticas para financiar un proyecto y, por lo tanto, en el número de profesionales que las utilizaban.

Aun así, incluso cuando los profesionales tengan la voluntad, “no recibir un buen salario les limita”, señaló Giraldo Santiago. “Es difícil movernos en la dirección de usar estas prácticas cuando hay más de un 40% con dos, tres, cuatro trabajos. La gente no tiene la capacidad de moverse hacia esa dirección”.

Adoptar una práctica basada en evidencia requiere tiempo y esfuerzo considerables. Hay que buscar entre cientos de opciones para encontrar la práctica más adecuada para el paciente, leer manuales y tomar lecciones para entender cómo implantarla y, en muchas ocasiones, adaptar un estudio hecho en una población estadounidense para los boricuas.

El Grupo Nexos mantiene el Archivo PBE, el cual reúne descripciones detalladas de 562 prácticas basadas en evidencia para facilitar el acceso de los profesionales a estas. Su base de datos contiene los manuales traducidos al español.

“La adaptación de estas prácticas a Puerto Rico es superimportante”, enfatizó. “Hay que considerar el lenguaje, la religión, todos los factores socioeconómicos”.

Afortunadamente, esta adaptación está ocurriendo a nivel del campo y del país. “La psicología ahora está tratando de abrirse a recursos de Latinoamérica, de otros países, para que nosotros hagamos una psicología criolla”, añadió Landers Santiago. “Que la psicología sea puertorriqueña para los puertorriqueños y las puertorriqueñas”.

Tanto las expertas entrevistadas como la mayoría de los profesionales encuestados ven las prácticas basadas en evidencia como necesarias para esta psicología puertorriqueña.

La autora estudia Biología y es becaria de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.

Necesitamos una cultura de apoyo para los trabajadores sociales

La discusión sobre cómo romper estigmas y apoyar el bienestar de la fuerza laboral de una organización se está redefiniendo. Los trabajadores buscan ambientes más flexibles que fomenten una cultura organizacional saludable, promuevan la calidad de vida y brinden oportunidades de crecimiento. El desempeño del personal es determinante para una organización, de ahí la importancia de desarrollar programas que procuren el bienestar de los trabajadores. Ayuda a reducir costos en asistencia de salud, disminuye el ausentismo, mejora la retención, se reduce el estrés, incrementa la creatividad y fomenta el sentido de pertenencia.

Ya desde hace años se habla de la escasez de capital humano en el país, y hoy traemos a la atención el efecto que esto ha tenido para la Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia (ADFAN). Los trabajadores sociales de bienestar infantil se exponen a altos niveles de estrés, ya que intervienen con familias que han sufrido circunstancias traumáticas. Pueden experimentar fatiga por compasión y estrés traumático secundario. Además, la escasez de recursos ha traído sobrecarga laboral, mayor presión de los supervisores y escrutinio de la opinión pública.

Como respuesta a esta realidad, las prácticas basadas en evidencia proponen un marco de tres dimensiones de bienestar adaptado para trabajadores sociales de niños y familias. La primera dimensión es el bienestar físico, enfocada en la seguridad en el lugar de trabajo, salud física y el estrés traumático secundario. Las investigaciones señalan que estos trabajadores sociales son más propensos a aumento de peso, problemas de presión arterial, dolores de cabeza, entre otras condiciones. Les preocupa su seguridad, ya que están expuestos a entornos de alto riesgo de violencia física y psicológica.

La segunda dimensión es el bienestar psicológico relacionado a la satisfacción en el trabajo, estrés y agotamiento. Se recomienda procurar un ambiente que fomente la productividad, donde no haya represalias por cometer errores o expresarse, y que estimule la creatividad.  La tercera dimensión es el bienestar social, en la que se sugiere fomentar el apoyo y acompañamiento entre compañeros y supervisores.

Diversas organizaciones están adoptando programas de bienestar basados en atención plena (Mindfulness), que han mostrado ser efectivos ofreciendo destrezas para reducir el estrés en trabajos con una alta carga emocional. Atención plena es la práctica de permanecer en el momento presente, notar cuando la atención se distrae y devolverla a la tarea que se está realizando. Es aceptar lo que se percibe, sea la respiración, el sonido de un reloj, el sabor de una taza de café, incluso pensamientos y/o emociones no placenteras. 

El Departamento de la Familia comenzó a desarrollar esa cultura de bienestar a través del plan estratégico para la implementación del proyecto Families First Puerto Rico. Para eso ha puesto en marcha el Programa de Bienestar y Atención Plena, un taller para fomentar prácticas de bienestar y autocuidado a nivel individual y organizacional. Se ofrece en grupos pequeños para proveer un espacio donde los participantes pueden autoevaluarse, expresarse sobre situaciones que le incomodan, intercambiar perspectivas y buscar alternativas para afrontar situaciones del trabajo y la vida. Practican estrategias de atención plena, aprenden a regular sus emociones, se cultiva la compasión y exploran formas de percibir eventos adversos. 

Con este tipo de programas se busca atender a todo el personal de una organización, con el objetivo de desarrollar una cultura que proteja su salud y bienestar. Estos programas deben proveer entornos saludables, como espacios comunes y de descanso, e iniciativas de actividad física y nutrición. También, deben desarrollarse programas de autocuidado y de apoyo grupal e individual que estén basados en manejo de trauma. Se debe abogar por regulaciones innovadoras que propicien la atención médica y seguridad ocupacional. La meta es desarrollar una cultura que aliente a los trabajadores a buscar ayuda, sin temor a ser estigmatizados o penalizados. Cuidar de estos trabajadores es de vital importancia para ellos. Pero es fundamental para las familias y los niños a los que esos trabajadores atienden. Es lo que permitirá que les puedan servir con compasión, dedicación y dignidad en un momento crítico de sus vidas.

Profesionales de la salud mental urgen dar una mirada amplia a las necesidades de la niñez y juventud de Puerto Rico

Celebrarán simposio para impulsar alternativas que atiendan las necesidades apremiantes de esta población

Diálogo para unir esfuerzos en contra de la delincuencia juvenil

Recientemente, se reformó la Ley de Menores de Puerto Rico (Ley 88-1986). Bajo esta coyuntura, 18 representantes del sector gubernamental y del tercer sector iniciamos una conversación sobre los procesos que se llevan a cabo para atender el problema de delincuencia juvenil en Puerto Rico. Se espera que sea la primera de varias reuniones que sostengamos entre los componentes del Sistema de Bienestar Social y del Sistema de Justicia Juvenil para desarrollar un plan de trabajo en conjunto que ofrezca respuestas a esta situación.

Según datos presentados en el encuentro, sobre el perfil del menor en el sistema de corrección, un 53% sufre algún trastorno del neurodesarrollo, 42% ha sido víctima de algún tipo de maltrato y 44% ha dado muestras de problemas emocionales.

Identificamos algunos de los desafíos que afectan el manejo de casos de jóvenes que interactúan con el sistema de justicia juvenil. Entre estos: la ausencia de datos integrados acerca del perfil de menores, brechas en la disponibilidad de servicios, limitaciones en los servicios psicológicos y falta de continuidad en servicios luego que sale de la institución juvenil.

También, se han identificado áreas de oportunidad con las que podemos empezar a trabajar para procurar servicios integrales más efectivos. Por ejemplo, Puerto Rico cuenta con un marco legal que cobija los derechos de la niñez temprana, y acuerdos de colaboración entre agencias para promover el bienestar infanto-juvenil. Se ha planteado también que, en la actualidad, hay mayor disponibilidad de fondos gubernamentales federales para apoyar los servicios de prevención y rehabilitación. Esto es un punto de partida para explorar maneras de aprovechar programas ya existentes que amplíen los servicios de prevención.

Sobre la mesa está la propuesta de diseñar un programa Piloto de Terapia Familiar Funcional, que provea servicios a jóvenes en riesgo de entrar en conflicto con la ley. Este programa podría ofrecer consejería sobre abuso de sustancias, resolución de conflictos y manejo de ira, entre otros. Asimismo, se deben impulsar mejoras en los programas educativos existentes en instituciones juveniles y desarrollar un plan continuo de servicios para capacitar a los jóvenes para la vida independiente.

La intervención temprana con menores en situaciones de maltrato, con posibles diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo o problemas emocionales, debe ser esencial para prevenir una posterior conducta de riesgo que les lleve a ingresar a una institución juvenil. Deben integrarse estos esfuerzos con la política pública y proyectos de educación, prevención y desarrollo socioeconómico que busquen atender los efectos de la desigualdad y falta de acceso a recursos. La unión de voluntades, discusión de ideas y diversidad de voces es un buen paso para encaminar un proyecto coherente, planificado y consistente. Recordemos que el futuro está en las manos de nuestros jóvenes. Son vidas que merecen una oportunidad diferente.

Terapia familiar funcional para jóvenes en conflicto con la ley

Vivimos un momento histórico para nuestra niñez y juventud, en el que las políticas públicas se encaminan a identificar alternativas que promueven el bienestar y desarrollo integral de los menores. Como parte fundamental de ese proceso, durante el verano de 2022, se reformó la Ley de Menores de Puerto Rico (Ley 88-1986), que estableció los 13 años como edad mínima para casos de menores, y se añadieron procesos de mediación para la resolución de conflictos, promoviendo alternativas menos punitivas. Para hacer efectivas estas disposiciones se requiere la colaboración entre agencias gubernamentales y organizaciones del tercer sector, para poder activar recursos e impulsar iniciativas dirigidas a los jóvenes que interactúan con el sistema de justicia. En esta coyuntura es necesario proveer alternativas en áreas de prevención y servicios.

La ciencia ya ha documentado que las experiencias adversas en la niñez pueden aumentar el riesgo de incurrir en conductas transgresoras en la vida adulta (Abrams, 2022). En Puerto Rico, el 57% de los menores vive bajo el nivel de pobreza y, según el Instituto de la Juventud (2019) el costo del crimen atribuido a la pobreza infantil puede estar cerca de los $1,072 millones. Datos de la Policía de Puerto Rico apuntan a que la edad promedio de los jóvenes que cometen una conducta delictiva reportada es 16 años (Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, 2021). En muchas instancias, los menores que comienzan a tener conflictos con la ley provienen de contextos y experiencias adversas.

De acuerdo a un informe del Departamento de Justicia de Puerto Rico (2015) sobre los factores de riesgo de los jóvenes que fueron hallados incursos en algún delito, 52.4% proviene de hogares con problemas económicos, 13.9% ha sido víctima de alguna experiencia de maltrato (físico, emocional o abuso sexual), 12.7% reportó deserción escolar entre sexto y noveno grado, y 48.3% presentó diagnósticos relacionados a disturbios emocionales. La mayoría de estos jóvenes fueron hallados culpables por delitos menos graves.

Por otro lado, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (2021) reportó que el 53% de los jóvenes que están ubicados en instituciones juveniles ha tenido algún trastorno en el neurodesarrollo, 29% han sido víctimas de trata humana previo al ingreso, 44% presentaron indicadores de tristeza o desesperanza; y 9% reportó haber tenido un intento de suicidio que no fue tratado en su momento. Todos estos datos sugieren que antes de interactuar con el sistema de justicia juvenil, esos jóvenes han enfrentado experiencias y factores de riesgo que sin duda ameritan atenderse con iniciativas de prevención. Pero también se necesitan servicios que apoyen la rehabilitación y reincorporación a la comunidad de los jóvenes que ya han estado en conflicto con la ley.

La Terapia Familiar Funcional (FFT) está precisamente enfocada en estas áreas. Ofrece un tipo de intervención intensiva, de corto plazo, basada en evidencia, que ha demostrado ser efectiva en reducir las conductas delictivas en niños y jóvenes. Este modelo es centrado en la familia y enfocado en sus fortalezas. Busca trabajar con los miembros de la familia procesos de comunicación, cambio de comportamiento, estrategias de negociación y maneras de mantener los cambios positivos en la conducta. Cabe destacar que la Administración de Familias y Niños (ADFAN) proveerá esta intervención a los jóvenes de Ley 88-1986, que estén bajo su custodia, como parte del Plan de Prevención Título IV-E 2021-2024.

Es crucial que se den los pasos necesarios para ampliar este tipo de intervención a otros jóvenes que también interactúan con el sistema de justicia juvenil. En Puerto Rico ya contamos con la Ley 66-2011, que dispone la creación de un Programa Piloto sobre Terapia Familiar Funcional con jóvenes que se encuentran bajo la custodia de Instituciones Juveniles. Actualmente, como parte de las reuniones del sistema de justicia juvenil, que iniciaron en octubre 2022, se está diseñando la implementación de este piloto. Es un paso de avance significativo, porque trae un enfoque en la manera en que atendemos a nuestros. La Terapia Familiar Funcional puede ayudar a abordar situaciones relacionadas al funcionamiento familiar, mejorar relaciones interpersonales, desarrollar habilidades para resolver conflictos, y aprender a manejar el estrés y la ira, entre otros.

Hay trabajo por delante y estamos encaminados a activar, facilitar y promover servicios continuos que redunden en un mejor bienestar de jóvenes involucrados con el sistema de justicia juvenil y sus familias.

Apoyo a los primeros respondedores

Las mejores prácticas en el manejo de emergencia prescriben que los primeros respondedores, tanto del sector público como del privado, se activen lo más pronto posible para brindar asistencia, orientación e intervención a las comunidades luego de un desastre natural.

Ese proceso de activación y de respuesta rápida viabiliza el acceso a servicios primarios y preventivos. Además, salvaguarda la seguridad e integridad de las comunidades impactadas. Reconocemos que los eventos de crisis ocurridos recientemente en Puerto Rico pueden generar efectos psicológicos, así como estrés y trauma, entre otros síntomas, en los niños, jóvenes y adultos. Pero, ¿qué ocurre con los primeros respondedores que atienden de manera constante estos eventos de emergencia?

Cuando el personal de apoyo se expone constantemente al sufrimiento de otras personas se puede generar desgaste emocional y/o trauma vicario. Algunos de los indicadores relacionados a los efectos de la exposición repetitiva incluyen síntomas de agotamiento físico y psicológico, desorden de estrés postraumático, trauma vicario y síndrome de quemazón laboral. Aunque las consecuencias no necesariamente se manifiestan de inmediato, las experiencias traumáticas constantes pueden incidir en el bienestar del personal de apoyo y afectar su rendimiento en el trabajo, en su vida social y familiar.

Este fenómeno se puede atender mediante un acompañamiento terapéutico, en el que se brinden espacios seguros para compartir experiencias, gestionar emociones, visibilizar retos, necesidades y fortalezas en beneficio del bienestar emocional y mental. Resulta imperativo que el personal de apoyo y respuesta en momentos de emergencia reciba la asistencia psicológica necesaria con el objetivo de aliviar la tensión acumulada y prevenir el trauma vicario, así como el estrés post traumático (Esteban et al, 2013).

Este acompañamiento terapéutico se puede desarrollar a corto y a largo plazo. A corto plazo, se puede trabajar con una intervención sobre resiliencia e identificación de necesidades de servicios psicológicos en el personal de agencias y organizaciones que ofrecen apoyo y servicio directo a nivel comunitario. A largo plazo, se recomienda implementar un programa para el manejo de bienestar y trauma basado en la atención plena, donde se utilizan estrategias basadas en evidencia en los tres niveles de prevención con el personal de servicio directo. En este tipo de programa se hace cernimiento de ansiedad y depresión a todo el personal, además de evaluar la salud organizacional de la empresa. De acuerdo con la necesidad del participante, se brindan servicios enfocados en el desarrollo de destrezas de atención plena.

En los últimos cinco años, nuestro país ha enfrentado diversidad de desafíos sociales, económicos y ambientales. La labor que realizan los primeros respondedores del sector público y privado en momentos de emergencia es ese motor que viabiliza la identificación de espacios seguros y de recursos accesibles en nuestras comunidades.

Por tanto, existe la necesidad de brindar intervenciones que les provean herramientas de afrontamiento y autocuidado. Este tipo de programa debería ampliarse a otros escenarios laborales como un servicio disponible, accesible y continuo para el recurso humano del sector público y privado.